Las firmas juntadas adhieren al pedido al Defensor del Pueblo de la Nación
(8 de Agosto 2012) para recuperar nuestro sistema ferroviario como servicio
público, con control social de la comunidad y para que arbitre los medios para
que nuestro derecho constitucional a tener un transporte público estable y
seguro sea respetado.
El pedido se expresa en la siguiente carta:
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2012
Al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación:
De nuestra mayor consideración:
En nuestro carácter de ciudadanos argentinos, acudimos a UD. en virtud de las
innumerables deficiencias de nuestro Sistema Ferroviario que nos condena una y
otra vez para llegar a destino a una situación riesgosa inadmisible. Como es de
su conocimiento a 6 meses de la tragedia de Once que arrojó como saldo de 51
muertos y 600 heridos, hoy día muchos de nosotros usuarios del Ramal Mitre de
FF.CC., fuimos el lunes 6 de Agosto parte presente o expectante del descarrilamiento
en cercanía de Retiro del último vagón de un tren que hacía el recorrido
Retiro-Tigre.
Sin lugar a dudas no estamos ante un hecho aislado sino frente a la
reiteración de innumerables fallas y accidentes en todas las líneas
(incendios frecuentes, descarrilamientos, un sistema de señales y cambios
ineficiente que se ha convertido en muerte de algún conductor o
transeúnte sorprendido por el mismo,la desproteccion del tercer riel y el
riesgo de vida consiguiente...) y la interrupción diaria de servicios y una
manera indigna de viajar en trenes que llevan pasajeros más allá de su
capacidad.
Los accidentes ferroviarios se han incrementado en los últimos años,
baste señalar que desde diciembre de 2010, hasta agosto del 2012 asistimos a
once siniestros que involucraron formaciones ferroviarias. Un drama que se
repite sin que pareciera verse la solución.
Frente a la irresponsabilidad, incapacidad y /o desidia de las
concesionarias y del contralor que debe ejercer la Comisión Nacional de
la Regulación del Transporte y la Secretaría de Transporte del
Gobierno Nacional reclamamos a Ud. arbitre los medios para que
nuestro derecho constitucional como pasajeros de tener un servicio
de transporte estable, seguro y eficiente sea respetado.
Es evidente la falta de mantenimiento de las formaciones, el deterioro
de la infraestructura ferroviaria, a pesar de los millonarios subsidios que
pagamos como pueblo. El sistema privatista de concesionarias ha colapsado y
pese a que se rescindieran algunas concesiones, persiste un gerenciamiento
privado y una trama de negociados entre empresas, terciarizadas y burócratas
sindicales amparados por un estado cómplice que no resuelve una intervención
decidida en asumir la dirección, la planificación, el control y regulación de
este servicio público. Ya no hay tiempo de excusas, ya no se pueden realizar
más parches pues nuestra vida y seguridad está en riesgo.
Afrontamos el desafío de recuperar un tren como servicio público y con
control social de parte de la comunidad.
Reclamamos a la Defensoría de la Nación una intervención decidida ante
las autoridades nacionales y parlamentarias para:
1. Realizar un urgente inventario
sobre las condiciones en que operan las formaciones de trenes que se ponen en
servicio y estado del sistema de señalización bajo el cual opera el servicio,
tendiendo a definir un plan de acción preventiva que repare el patrimonio
público concesionado deteriorado y brinde seguridad a los usuarios y
trabajadores.
2. Se constituya en el ámbito de la
Defensoría una Comisión de Seguimiento del funcionamiento Ferroviario, que
incluya a especialistas en la materia y que convoque a usuarios para auditar y
controlar las formaciones puestas en servicio y el mantenimiento de vías y
sistemas de señalizaciones, así como de receptar las demandas de la comunidad y
elevarlas ante las autoridades competentes,que pueda auditar las formaciones y
el mantenimiento de las vías e intervenir en las alertas necesarias para
sancionar la falta de control y deficiencias del servicio.
3. Exigir una auditoría sobre el
estado en que se encuentran los bienes concesionados e investigaciones
integrales sobre los faltantes e incumplimientos de
contratos. Que se inicie o continúe un proceso de revisión de todos los
contratos, a fin de establecer el grado de cumplimiento de cada una de las
obligaciones asumidas por los concesionarios y los daños ocasionados por ellos.
Debiendo recomendar las medidas sancionatorias que correspondieren conforme la
normativa vigente y las medidas tendientes a la anulación por
incumplimientos de los contratos y gerenciamientos ferroviarios privados de
servicios, ramales y talleres.
4. Exigir una Audiencia Pública para
que las autoridades de aplicación en la regulación del servicio público, informen
sobre los planes de contingencia de corto plazo para atender un adecuado
funcionamiento del servicio ferroviario y sobre los planes de mediano y largo
plazo de recuperación del ferrocarril.
A la espera de su pronta respuesta lo saludamos atte.